Recibimos y publicamos íntegramente el comunicado de prensa de FederFuni Italia sobre la cuestión del impuesto inmobiliario IMU aplicado a los remontes por cable.
Durísimas repercusiones en todos los territorios de montaña y más allá vinculadas a la aplicación del impuesto IMU.
Dramáticas consecuencias económicas, sociales y fiscales. Resulta necesaria una convergencia política para subsanar los efectos de una sentencia incongruente y basada en un escaso conocimiento del sector y en una norma viciada de origen.
Toda la montaña, desde los Alpes hasta los Apeninos, se moviliza contra la sentencia 4541 del Tribunal Supremo (Corte di Cassazione), que degrada los remontes por cable de servicio de transporte público —y por tanto de utilidad pública— a actividades comerciales funcionales a las pistas de esquí, imponiéndoles así el pago del IMU.
«Federfuni Italia reitera la absoluta incongruencia de dicha sentencia, determinada sin duda por un escaso conocimiento de las especificidades del sector y por los errores cometidos en la promulgación original de la norma de 2006, así como la firme voluntad de la Asociación de emprender todas las vías y acciones posibles para evitar unas repercusiones no solo económicas absolutamente insostenibles, tanto para los operadores de remontes como para toda la economía de montaña.
La sentencia es errónea porque atribuye a los remontes por cable un “carácter comercial preeminente respecto al de servicio público”. Esto entra en total contradicción con las normativas nacionales y regionales del sector e incluso con las europeas, todas las cuales consideran a los remontes por cable instalaciones de transporte público en régimen de concesión.
¡Los remontes por cable son instalaciones de transporte público en concesión que prestan servicios de interés general!
Se equipara a los remontes por cable con bienes inmuebles, cuando no lo son: un inmueble, incluso industrial, permanece y se revaloriza con el tiempo, mientras que una edificación destinada a un remonte por cable se construye única y exclusivamente al servicio de dicha instalación y, solo si es necesario, permanece mientras el remonte está en funcionamiento, tras lo cual debe ser desmantelada junto con el propio remonte.
No se está tomando conciencia de las repercusiones negativas de tan absurda medida: las primeras de carácter económico, ya que además del IMU que gravará las cuentas de las empresas gestoras de remontes —aunque en una medida ya redimensionada tras la respuesta del Ministerio en el turno de control parlamentario—, se prevé que se encadenen otras consideraciones de carácter administrativo y fiscal que provocarán consecuencias insostenibles y devastadoras.
Es previsible el desplome de un altísimo porcentaje de empresas que abocará a su cierre, con importantes repercusiones sobre la economía de territorios enteros de montaña, una economía que gira casi exclusivamente en torno al turismo generado por los remontes por cable y al turismo invernal en particular.
Se perfilan efectos dramáticos también en el plano social para los empleados de las empresas de teleféricos, que se quedarán sin empleo y sin subsidios de protección social, pero desaparecerá también y sobre todo la actividad de todos aquellos que giran en torno a los remontes en toda la cadena de valor, con un efecto dominó realmente demoledor.
Nos preguntamos y pedimos al lector que imagine cómo recolocar en otro empleo alternativo a todas esas personas en territorios a menudo industrialmente deprimidos y en riesgo de despoblación.
Nos preguntamos asimismo si resulta oportuno y conveniente plantearse mantener a las personas con eventuales formas de subsidio —que como hemos dicho hoy no están previstas— en lugar de tomar decisiones a favor de las empresas y del mantenimiento de su actividad.
Por último, no hay que subestimar los aspectos ligados a las repercusiones fiscales: la actividad de los remontes por cable genera recaudación fiscal directa e indirecta, aportando al Estado IVA, IRES, IRAP, cotizaciones al INPS, etc.
Estudios macroeconómicos recientes han confirmado que 1 euro gastado en forfait genera en la economía inducida de las localidades de montaña entre 8 y 12 euros.
Invitamos por tanto al Ministerio de Economía a realizar un análisis detenido en este sentido, señalando de antemano y poniéndonos a disposición para colaborar, ya que a nuestro juicio los efectos negativos antes citados que generará dicha sentencia, de confirmarse, serán mucho peores que la nueva recaudación prevista por el IMU.
Se está poniendo en riesgo de muerte a todo un sector económico debido, a nuestro entender, no a la voluntad del Gobierno, sino exclusivamente a una norma viciada en su origen y a una lectura equívoca y superficial de la cuestión por parte del Tribunal Supremo.
Se necesita por tanto una aclaración y una medida urgente que confirme lo previsto desde siempre para nuestro sector, incluyéndolo, como es justo, en el ámbito del transporte público.
Es indispensable, pues, devolver un asunto de tan vital importancia para los territorios de montaña y para todo nuestro país a un debate político correcto, concreto y sereno.
Federfuni Italia espera por ello que se alcance, como ya ocurrió en el pasado ante otras cuestiones de fundamental importancia para la montaña italiana, una amplia convergencia política en apoyo del Gobierno en busca de soluciones concretas y positivas a una norma que nació errónea hace años.
Federfuni trabajará por tanto en este sentido ante las instancias políticas oportunas, dispuesta a brindar un apoyo concreto y activo a todos los estamentos técnicos y políticos.
No hay comentarios